Cuando la comisión investigadora por la fallida compraventa de la casa de Guardia Vieja está por terminar en el Congreso -y que, en el camino, le costó el cargo a la senadora Isabel Allende-, se conoció una nueva polémica que involucra a la Fundación Allende.
Según dio a conocer El Mercurio, la Fundación Salvador Allende (FSA) y el Servicio de Vivienda y Urbanismo (Serviu) protagonizaron un intercambio o "trueque", para saldar la deuda que dicha fundación mantenía desde 2004, lo que ha levantado una serie de críticas e incluso anuncios de citación a la ministra de Culturas, Carolina Arredondo, y al ministro de Vivienda, Carlos Montes, a la comisión de Cultura y de Vivienda de la Cámara.
La Fundación nació en 1990, tras el retorno a la democracia en Chile, por iniciativa de Hortensia Bussi —viuda del ex Presidente Salvador Allende—, además de sus hijas y su nieto mayor, con la finalidad de "
recuperar la memoria y promover el legado" del ex mandatario, según detallan en su sitio web oficial. Añaden que la FSA "
impulsó la gestión de recuperación y repatriación de las obras que componen el Museo de la Solidaridad Salvador Allende", la que funciona en la misma casona, ubicada en Av. República 475, en la comuna de Santiago. En el museo también se realizan actividades al público, talleres, y visitas guíadas, según detallan en su programación.
De acuerdo al citado medio, la trama comienza en 2004, de la mano de la resolución N° 122 del Serviu, de 22 de marzo de ese año, que estableció la venta directa del Palacio Heiremans a la fundación por UF 27.493 —cerca de mil millones de pesos— en 10 cuotas de UF 2.749,30. Pero en 2005 comenzaron los problemas de pago, por lo que se modificó el acuerdo, fijando 20 cuotas anuales de UF 1.374,65.
No obstante, la deuda continuó, y en octubre de 2015, la fundación manifestó la intención de pagar la deuda —la cual ascendía a $566.924.113— mediante cuadros tasados por la misma entidad en 830.000 dólares aproximados, unos $600 millones; aunque la tasación del Serviu -realizada por la curadora Gloria Cortés, del Museo Nacional de Bellas Artes, valorizó las obras en US$800, equivalentes a cerca de $580 millones de la época.
Así, se concretó el acuerdo y la fundación "pagó" al Serviu su deuda en 93 obras de artistas brasileños. Sin embargo, a la fecha, los cuadros no están en manos de la institución, sino que continúan al interior del Museo de la Solidaridad Salvador Allende, que comparte sede con la fundación.
De acuerdo al Acta de Depósito de Especies del 21 de abril de 2017 —en su tercer punto—, se detalla que "dado que las especies en cuestión corresponden a importantes obras de arte que requieren de un cuidado, mantención y conservación especializada, que Serviu Metropolitano no puede dispensar, transitoriamente, en virtud de este acto, y con el exclusivo fin antes señalado, viene a entregarlas en depósito en los términos del artículo 2.211 del Código Civil, a la propia Fundación Salvador Allende, quien se hará cargo de su custodia".
Las transferencias del Estado a la fundación 2z4j3h
La polémica por el "trueque" viene a reflotar la trama por la fallida compraventa de la casa de Salvador Allende. En ese proceso, la intención de la familia Allende era vender el inmueble por $933 millones para que luego la casa se convirtiera en un museo que sería istrado, vía comodato, por la Fundación Salvador Allende.
A ello, se suma que en marzo, a sólo semanas de que estallara la polémica por la casa, se conoció que este Gobierno le ha transferido a la fundación montos que superan los $187 millones, según consignó El Líbero. De hecho, esos dineros serían para su funcionamiento general, es decir, sin algún proyecto asociado.
Así, y al menos desde los reportes de estados financieros de 2022, el financiamiento del Estado sería la principal fuente de ingreso de la fundación, a excepción de un registro de ingreso por más de $28 millones, por un arriendo.
Un "modus operandi" 2l5c1h
Los antecedentes antes mencionados, incluyendo el "pago" en obras del Museo de la Solidaridad Salvador Allende, es lo que para algunas voces se ha convertido en un "modus operandi" por parte de la fundación.
Así lo tildó el abogado Raimundo Palamara, quien es querellante en el caso de la fallida compraventa de la casa de Guardia Vieja. "La fundación Salvador Allende compró lo que no iba a pagar, y luego pagó con obras de arte que no iba a entregar, y las que hasta hoy mantienen su poder. Es un mecanismo impresentable, que se debe deshacer, dando la familia garantía de no repetición, devolviendo al pueblo lo que es del pueblo", dijo a El Mercurio.
Añadió que "continuaremos investigando el modus operandi de la influyente familia Allende, porque el ejercer su influencia para enriquecerse solo acredita que han obrado con dolo".
En la misma línea, parlamentarios de oposición salieron a cuestionar las transacciones entre el Estado y la fundación, y apuntaron a "una forma de operar" por parte de esta última.
El diputado republicano, Stephan Schubert, manifestó que "lo que vemos con la Fundación Allende, con toda esa gente, con el Partido Socialista, es lo que ocurre cuando las personas consideran al Estado como un botín. Es decir, una fuente inagotable de recursos que como le pertenecen a todos, no le pertenecen a nadie, y entonces se pueden hacer de ellos. Aquí ya basta del abuso".
Por su parte, el jefe de bancada del PSC, Roberto Arroyo, llamó a que el Consejo de Defensa del Estado (CDE) investigue el caso, junto con manifestar que "esto sugiere un patrón de conducta cuestionable por parte de la Fundación Allende, recordemos la polémica por el intento de la venta de la casa de Allende, la cual les salió mal y fueron descubiertos. Estos hechos plantean serias dudas sobre la legalidad de las acciones de la Fundación Salvador Allende y la necesidad de supervisar sus actos de manera más estricta en el futuro".
La diputada (Ind.-UDI), Marlene Pérez, afirmó, por su parte, que "la forma en que intentaron pagar una deuda millonaria con obras de arte que nunca salieron de su sede es sumamente cuestionable. Es evidente que se trata de un intento más de aprovecharse de las instituciones públicas para beneficio propio".
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El domingo, el diputado Andrés Longton (RN), quien preside la comisión investigadora por la fallida compraventa de la casa de Allende, afirmó que buscarán que a través de las respectivas comisiones —de Cultura y Vivienda—, que se rinda cuenta de los traspasos de los recursos que se han hecho a la fundación Allende, "y también den explicaciones de cómo es posible que se hayan saltado procedimientos de manera tan grosera como constató Contraloría".
También se espera que se dé cuenta del estado de las obras y su valor, "y se proceda a hacer retiro de estas de la fundación para que puedan ser reubicadas a través del ministerio de Cultura. Acá se tiene que tener en consideración avanzar en una nulidad de derecho público, a pesar de lo dificultoso que puede llegar a ser", aseveró.
Por su parte, el diputado de la comisión de Cultura, Eduardo Durán (RN), afirmó que en dicha instancia "vamos a exigir explicaciones y responsabilidades, no vamos a permitir que el patrimonio de todos los chilenos se use como moneda de cambio para pagar lealtades", advirtió.
Del mismo modo, el diputado Jorge Durán (RN), también miembro de la comisión de Cultura, apuntó que "la ministra Arredondo tiene el deber de venir a dar la cara y explicar en detalle los millonarios traspasos a la Fundación Salvador Allende".
